Comisiones y contratos

14.12.04. En el mundo de la empresa y sus actividades es preciso, casi siempre, efectuar una labor comercial y de marketing. Ésta va dirigida a la captación de clientes reales de entre aquellos que forman el mercado potencial. Y, también, para dar a conocer el nombre de la empresa y su marca, sus productos o servicios que presta, su existencia dentro de ese mercado.

Esta tarea comercial, en sus diferentes formas de vendedores o comerciales propios, comisionistas, distribuidores, agentes de ventas y otras similares es perfectamente válida y comúnmente utilizada. Estos profesionales de la venta y la representación están lícitamente retribuidos y, en muchas ocasiones, reciben importantes comisiones fruto de su buen hacer profesional.

Existen otras ocasiones en que una empresa, para lograr contratos, pedidos o colocar sus productos o servicios, recurre a dar dinero o regalos a personas que, desde el lado del potencial cliente, pueden favorecerla consiguiendo el pedido o contrato correspondiente. Pueden darse muy diferentes y variopintas situaciones. A continuación exponemos una de ellas, la de Alfonso, empresario del sector de la construcción y las obras públicas.

Alfonso tiene sesenta años y es el clásico exponente del hombre hecho a sí mismo, trabajador, sin horarios y que en veinte años ha creado una importante empresa de la construcción y las obras públicas en su zona. Su empresa cuenta con una amplia plantilla de personal y es una de las más conocidas en su sector, a nivel del ámbito de su Comunidad Autónoma.

Hace años, cuando empezaba su actividad como contratista de obras en ayuntamientos de su provincia, se encontró, en una ocasión en que trataba de licitar en una de ellas, con que un personaje de la Administración que había de decidir sobre aquellas obras, le indicó la conveniencia de darle una determinada cantidad de dinero si quería obtener la contrata. Alfonso quedó sorprendido. Nunca le había sucedido nada similar. En especial, le impactó la claridad y lo directo del mensaje. Consultó con un amigo sobre el tema. Le indicó que no fuera “tonto” y que eso lo hacía todo el mundo. Que podía haber encontrado una mina. Así que le animó a pagar esa cantidad. Lo hizo así, consiguió aquella obra en aquel Ayuntamiento y, tras ésta, varias más por el mismo procedimiento.

Alfonso se acostumbró a esta situación, aunque en su fuero interno la despreciaba y además, pensaba, parte del beneficio se lo llevaba otro y no su empresa, que era la que hacía el trabajo. Y además tenía un coste fiscal. Pero, en otras obras en otros lugares y diferentes Administraciones Públicas buscó, con cierta habilidad, llegar al mismo sistema. Esto le funcionó en la mayoría de los casos. No en todos, ya que se encontró personas que no querían saber nada de esto, e incluso algunas que lo despidieron a “cajas destempladas”. Pero, su empresa crecía al hilo del aumento de contratas en obras públicas.

Al cabo de los años, Alfonso está totalmente adaptado a este sistema de la comisión ilegal, el “cazo” o como se le quiera llamar. A veces consiste en un regalo de cierto valor para el interesado. Y se autojustifica pensando que el culpable es el otro, el que acepta...Y además, piensa, todos lo hacen.

Podríamos continuar profundizando en la vida y circunstancias de Alfonso, pero creemos que no es necesario. Es un tipo de personaje, hasta cierto punto común hoy en día. Pero con matices...Veamos.

De entrada, el sistema en sí, por extendido que se encuentre, es absolutamente ilegal e inmoral. Es totalmente contrario a la Ética. Y es abusivo, precisamente para el interesado que lo sufre: el propio empresario. Se convierte en un verdadero chantaje en muchas ocasiones.

Las licitaciones de obras públicas, en una economía de mercado como es la nuestra, han de ser absolutamente limpias y transparentes. Lo exige el bien común, el de la propia comunidad que tiene derechos a obras bien hechas, por los mejores contratistas posibles y a un  precio justo, pero adecuado a los trabajos de que se trate. Por tanto, no han de resultar trabajos “encarecidos” o, por el contrario, de mala o pobre calidad.

La existencia de comisiones, pagos ilegales, “cazos” y similares a personas de la Administración Pública acaba por repercutir o en la calidad de los trabajos, ya que el empresario ha de recuperarse en ellos lo que ha debido pagar a otros, o termina por repercutir en los precios ofertados en las obras, para resarcirse de esos costes en atípicos. Al final, el ciudadano contribuyente acabará sufriendo en una u otra forma las consecuencias.

El empresario sufre, además, el perjuicio fiscal de esos pagos, ya que no puede deducirse como gasto los mismos. Ve incrementado así, artificialmente, su beneficio que queda gravado en el Impuesto de Sociedades o en el IRPF, por encima de lo que le correspondería. Posiblemente, bastantes empresarios metidos en este “fregado” dormirían más tranquilos y preferirían que esta casuística no se estuviese produciendo.

El caso es grave en todas las situaciones, aunque una de las más nefastas es precisamente cuando es alguien de la propia Administración o de su entorno quien insinúa o exige esos pagos. Entre otras cosas, se rompe la norma de la libre competencia y la igualdad de oportunidades, axiomas ambos clásicos en un mercado dentro de un sistema económico de corte liberal y en un sistema político democrático. Ambas, la libertad y la democracia, se caen por los suelos con prácticas como las que sufre o aviva el bueno de Alfonso.