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  ¿Cómo aplicar la Ley de lucha contra la morosidad?
25/01/2011


  Desde hace meses está ya en vigor la Ley 15/2010, de 5 de julio, denominada de lucha contra la moros
Desde hace meses está ya en vigor la Ley 15/2010, de 5 de julio, denominada de lucha contra la morosidad. Establece una serie de medidas en las operaciones comerciales realizadas entre empresas o entre empresas y Administraciones Públicas. Como la lectura de los textos legales suele ser farragosa y, con frecuencia, presentar dificultades de interpretación para el ciudadano de a pie, vamos a simplificar al máximo las novedades que introduce para facilitar su aplicación por parte de los responsables de las empresas.

PLAZOS DE PAGO
Con respecto a plazos de pago hay en la nueva Ley importantes novedades. El régimen general establece un plazo máximo de 60 días a contar desde la fecha de recepción de las mercancías o de la prestación de los servicios. La recepción de la factura, sea antes o después de la recepción de mercancías o prestación de los servicios, no marca nada con respecto al plazo de pago. Y ese plazo no es ampliable. Por tanto, atención a los justificantes que establecen esa recepción. Es el caso de la firma del albarán de entrada o de recepción, a la entrega de la mercancía por una empresa de transporte o por medios del propio proveedor.

Para los pagos de las Administraciones Públicas el plazo antes citado se reduce a 30 días a contar desde la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de aquellos documentos justificativos de la adquisición de mercancías o prestación de servicios.

Existen varios casos especiales:

a) Sector alimenticio. Los productos agroalimentarios frescos y perecederos, tendrán un plazo máximo de pago de 30 días, mientras que los no frescos y perecederos, lo tendrán de 60 días como máximo.
b) Sector editorial. Se habilitará un régimen reglamentario especial de pagos para el sector del libro, dadas sus especiales circunstancias y características, tales como la rotación de stocks y el régimen de depósito de libros.
c) Empresas constructoras de obras públicas. Para éstas empresas se establece el sistema siguiente:

• Hasta el 31.12.2011 el plazo máximo de pago será de 120 días
• Durante el año 2012, de 90 días
• Durante el año 2013, de 60 días

PERÍODO TRANSITORIO
No obstante lo anterior, se establece un período transitorio para las empresas como sigue:

• Hasta 31.12.2011, el plazo máximo de pago será de 85 días
• Durante el 2012, de 75 días
• Durante el 2013, de 60 días

ENVÍO DE FACTURAS, RECIBOS O SIMILARES
Para todos los proveedores se establece que han de hacer llegar las facturas o solicitudes de pago equivalentes (por ejemplo, recibos) antes de que se cumplan 30 días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o d e la prestación de servicios.

Con respecto a la facturación, se pueden agrupar facturas en un período no superior a 15 días mediante una factura resumen, periódica o agrupadas en un documento único.

COSTES DE COBRO EN CASO DE MORA O RETRASO
Si el deudor incurre mora, por impago o retrasos en los pagos, siempre que le sea imputable, el acreedor tiene derecho a reclamarle una indemnización que no podrá superar el 15% de la cuantía de la deuda, excepto si ésta no supera los 30.000 € en cuyo caso ese límite de la indemnización pasará a ser el importe de la deuda. Esto elimina la posibilidad de cláusulas abusivas, tales como las que se han venido utilizando, en ocasiones, entre las partes contratantes.

PAGOS DE FACTURAS POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Se establece que las Administraciones Públicas habrán de abonar obligatoriamente el importe de sus facturas o certificaciones a los proveedores dentro del plazo de los 30 días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los documentos justificativos de la realización total o parcial del contrato. Y en caso de demoras en los pagos, deberán abonar a los contratistas o proveedores, a partir del cumplimiento del plazo señalado, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro (gastos de devolución y de cobro). No obstante, también se ha establecido un calendario de adaptación de las Administraciones Públicas a este plazo de 30 días.

• Hasta 31.12.2010 el plazo máximo será de 55 días
• Durante el año 2011, de 50 días
• Durante el año 2012, de 40 días
• A partir de 01.01.2013, de 30 días.

CONDICIONES DE PAGO PACTADAS
Para aquellas relaciones entre proveedores y sus clientes, en las que se han pactado, bien contractualmente o por acuerdos al inicio de las relaciones, unos plazos y formas de pago, es conveniente enviar notificaciones a dichos clientes, informándoles del cambio legislativo que ha establecido la ley de lucha contra la morosidad que comentamos, así como de los nuevos plazos máximos de pago que se pueden establecer y, en concreto, los que se fijan para las operaciones entra ambas partes. Estos últimos, es conveniente establecerlos en un breve documento que debe de ser devuelto firmado por el cliente. Dichos plazos han de tenerse en cuenta cuando se establezcan días de pago determinados por parte de los clientes y que podría ser que hubiesen de modificarse para adaptarse a la nueva normativa.

COMENTARIO FINAL
La Ley en principio pretende adaptarse a la normativa de la UE sobre medios de pago y lucha contra la morosidad, para hacerla homogénea en todos los países que la integran. También, que duda cabe, establecer límites al impago y a los retrasos en los pagos de clientes a proveedores. Dada la difícil coyuntura de crisis económica en la que estamos inmersos, parece muy adecuada su implantación. Máxime en lo referente al pago de las Administraciones Públicas a sus proveedores, cuestión verdaderamente sangrante y vergonzosa en nuestro país hasta ahora.

Ahora bien, el cumplimiento estricto, pese a los períodos transitorios establecidos, provoca muchas dudas. La propia situación de crisis económica, que hace que la liquidez en las empresas y en las Administraciones Públicas escasee de forma muy amplia y profunda, plantea interrogantes hacia si muchas empresas y entes públicos van a poder cumplir ahora con esos condicionantes, sin duda favorecedores para los mercados y el restablecimiento de una buena actividad económica. ¿Se van a poder cumplir? ¿Va un Ayuntamiento o un ente autonómico poder pagas en esos plazos señalados a sus proveedores cuando sus arcas están vacías? El tiempo nos lo dirá.

Por otra parte, entre empresas, ¿no se recurrirá a todas la picarescas y artimañas tendentes a si quieres que te compre, hagamos esto con los plazos, albaranes y facturas…. O ya encontraré otro proveedor que me lo haga si tu no quieres…? Es decir, que la praxis de los mercados puede llevar a jugar con las facturas, las rectificativas, los abonos, los albaranes de entrega y los pagos para mantener otras situaciones distintas a las de la ley. Y luego está la desigualdad de fuerzas entre empresas grandes y pequeñas o entre éstas y las Administraciones Públicas.

Pero, tratemos de ser optimistas, si es que podemos, y de cumplir estas normas que, evidentemente ponen orden en las relaciones vendedor-comprador y facilitan que la tesorería no se resienta tanto como hasta ahora sucedía, cuando no nos pagan las facturas que nos deben o retrasan el pago meses y meses…

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